El Tribunal de Sentencias de Alto Paraguay se encuentra en el ojo del huracán por la reciente recusación de sus miembros al inicio del juicio oral y público contra Alberto David Gauto, imputado por los delitos de Coacción Grave e Invasión de Inmueble. La supuesta víctima de estos hechos es la empresa Atenil S.A. Sin embargo, lo que parecía ser un procedimiento judicial común ha quedado marcado por una serie de irregularidades que ponen en duda la transparencia del proceso.
En medio de la fase de receso ordenada por la presidencia del tribunal, sin ningún tipo de notificación oficial a las partes involucradas, el expediente fue enviado al Tribunal de Apelaciones de Fuerte Olimpo. Este acto fue realizado de manera inmediata, sin previo aviso ni justificación clara, lo que deja entrever una serie de dudas sobre el proceder de la Corte. Mientras tanto, los testigos del caso seguían a disposición del Tribunal de Sentencias, y tanto la defensa como la parte demandante se encontraban a la espera de una aclaración sobre lo que realmente estaba ocurriendo.
Esta decisión tan arbitraria genera cuestionamientos sobre el manejo de los casos dentro de la circunscripción de Alto Paraguay. Según las fuentes, se da por hecho que la sentencia del juicio ya está prácticamente decidida, con una condena de cinco años de prisión privativa de libertad como pena máxima contemplada en el escrito de recusación presentado por la defensa. Esto sugiere que la recusación podría haber sido una maniobra premeditada para asegurar un juicio que se había direccionado desde un principio.
Este tipo de prácticas no parecen tener precedentes en ninguna otra circunscripción del país, lo que acentúa la gravedad de la situación. La arbitrariedad y parcialismo en el manejo de este caso no solo afectan la confianza en el sistema judicial, sino que también refuerzan la sensación de impunidad en los procesos legales, donde la transparencia y la justicia parecen verse eclipsadas por intereses ajenos a la equidad y la legalidad.
